Anomalías fetales: diagnóstico ecográfico by Peter Twining

By Peter Twining

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Educación para la ciudadanía : democracia, capitalismo y estado de derecho

A principios del siglo XXI, en los angeles España democrática, un partido socialista está a punto de aprobar una asignatura que en l. a. precarizada educación pública pretende concienciar, animar a los futuros ciudadanos a l. a. participación democrática, en un contexto nacional e internacional cada vez más degradado por l. a. voracidad capitalista.

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36: "La pena de prisión tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de veinte años salvo (…). Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en la Leyes y en el presente Código". Y como ordena el primer inciso del apartado segundo del artículo 3 Código Penal:" Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que las prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto".

Por lo tanto, por lo que se refiere a las partes procesales intervinientes en la causa penal, con excepción de las mecionadas (penado y Ministerio Fiscal) sea la acusación particular, sea la acusación popular si se hubiere ejercido, no están legitimadas para recurrir las decisiones del Juez de Vigilancia. En contra de este criterio, se manifiestan varios autores como es el caso de Racionero Carmona, que entiende que es un defecto grave de la regulación actual que ni la víctima ni la Administración Penitenciaria no estén legitimadas para intervenir en este tipo de procedimientos; la víctima porque no le es indiferente el modo en que cumpla la condena con quien le agravió, y, por otro lado, la Administración no puede estar condenada a ser mera emisora de informes sin posibilidad de formular alegaciones.

2. 3. Conforme a lo establecido en el artículo 79 de la LOGP el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso. Dicho centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base a las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que le sean requeridos por las autoridades competentes.

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